Cómo se viene acompañando el proceso de fortalecimiento de capacidades de municipios y organizaciones de base para hacer frente a la crisis climática.

(Artículo elaborado en colaboración con La Mula)

La región del Chaco Americano está situada en el centro del continente sudamericano y es compartida por Argentina (62,19% del territorio), Bolivia (11,61%), Paraguay (25,43%) y una pequeña porción del Brasil (0,77%). Es la segunda área boscosa más importante de América Latina. Tiene considerable presencia de pueblos indígenas que comparten su territorio con campesinos e inmigrantes, lo que configura un territorio con una multiplicidad de actores con gran diversidad cultural, lingüística, de usos y costumbres que se aferran al entorno natural como fuente de recursos para su subsistencia. Es también una de las zonas del planeta con mayor superficie de depredación forestal, lo que la hace más vulnerable al cambio climático. Este impacta de manera agresiva a las comunidades, pues altera las temperaturas y las precipitaciones. ¿De qué manera se está actuando para contrarrestar esta situación?

Durante la COP25 conversamos con Jorgelina Rolón, especialista en gobiernos locales y miembro de la ONG Mingará, de Paraguay, y es parte del equipo del proyecto Acción Climática Participativa: Integrando los retos del cambio climático en el Gran Chaco Americano en Argentina y Paraguay, que trabaja con ocho municipios de Argentina y cuatro de Paraguay. El propósito es fortalecer los derechos y la participación de los pueblos indígenas en las acciones de lucha contra el cambio climático de la mano con los gobiernos locales mediante un Plan de Adaptación al Cambio Climático. Este proyecto forma parte del Programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea.

“El cambio climático ha traído problemas sociales y ambientales y en ese sentido los más afectados son las comunidades indígenas o campesinas, son los más vulnerables”, dice. “Cuando hablamos desde la gestión de riesgos, ellos son los que más rápido ven afectadas sus vidas. Sus territorios son vulnerables”, añade.

Jorgelina cuenta que el proyecto del cual es coordinadora en Paraguay busca fortalecer las organizaciones de base y así como a los organismos gubernamentales, trabajar en los componentes que mínimamente puedan garantizar la resiliencia de los pueblos indígenas desde los gobiernos subnacionales y nacionales.

Ella forma parte del equipo del proyecto ‘Acción Climática Participativa’. Tiene experiencia en cómo lograr hacer incidencia con los gobiernos locales para llevar a cabo los planes de adaptación y mitigación de los municipios, cómo esto se aplica a las comunidades indígenas y campesinas y que las comunidades participen en la elaboración de microplanes comunitarios.

“Los problemas más recurrentes están vinculados al agua y a la soberanía alimentaria. Además de problemas de salud y educación. Hay escasez de agua, y la sequía es prolongada. También hay inundaciones. Todo ello deteriora la capacidad social de los pueblos indígenas, la capacidad de adaptarse a los medios que plantea la inundación y la sequía, y al entorno de eso se hace la gestión del agua que tiene que ver con la búsqueda constante de sistemas que garanticen su disponibilidad”, detalla.

Por ello, el proyecto tiene como meta incrementar y potenciar las medidas efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático, y empoderar a las poblaciones chaqueñas en su toma de decisiones sobre cambio climático.

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Los resultados esperados del proyecto son conservar ecosistemas saludables y funcionales, la multifuncionalidad de los bosques y biodiversidad, capacitar a las organizaciones comunitarias en la gestión del ambiente saludable.

Y cómo lo hacen

La articulación con los diferentes actores hace posible que todos contribuyan en lograr la disponibilidad de agua en las comunidades. “Por ejemplo, buscamos nuevas prácticas de gestión del agua, sistema de captación de techo, lo que nosotros llamamos ‘tajamares’ de las lluvias caídas en el suelo y se generan sistemas de recolección del agua. En eso consiste la gestión del agua. Por otro lado, hacemos una capacitación permanente para administrar el agua e identificar las diferentes medidas de adaptación ante esos dos temas adversos”, señala la entrevistada.

Así, desde las políticas públicas, se incentiva la participación de los pueblos indígenas, desde sus territorios, desde sus propias vivencias, desde sus propias experiencias. Los beneficiarios directos son 21 organizaciones de indígenas, comunidades originarias y mestizas; en tanto que los beneficiarios indirectos son los municipios del Gran Chaco Americano.

El proyecto apunta a contribuir al desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente ante los eventos climáticos adversos de esta región, y que ello permita la mejora de las condiciones de vida. Para que este objetivo a largo plazo se cumpla, es necesario que las comunidades incrementen su capacidad de resiliencia en un gran ecosistema de gran diversidad sociocultural.

“Tenemos los planes de adaptación y mitigación de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay. A partir de esa política nacional se tienen los planes de adaptación de los municipios, los cuales también están vinculados a los planes comunitarios. Lo que hacemos es una reflexión constante para administrar desde las comunidades las diferentes prácticas de adaptación, que ellos lo tienen desde sus propias experiencias en el marco de la cultura ancestral y en el proceso de transformación cultural. Hay un saber ancestral vinculado con su territorialidad”, subraya.

La especialista indica que los pueblos indígenas son los que hacen las reflexiones sobre las medidas de adaptación que se vienen aplicando y es como ver otras experiencias que existen. “Este proyecto de gobernanza ambiental participativa permite que confluyan gobierno local y pueblos indígenas, las organizaciones de base”, agrega.

Articulación con gobiernos locales

El caso de los gobiernos locales es de suma importancia, pues todo plan de adaptación al cambio climático demanda un compromiso articulado de todos los actores de la región.

Cecilio López, intendente de la Municipalidad Manuel Irala Fernández y presidente de la Asociación de Municipios del Chaco Central, cuenta que cuatro municipios del Chaco Central están involucrados en este proyecto. El 60% de los territorios de esas localidades es habitado por población indígena.

López indica que la población indígena constituye el eje principal del plan de adaptación. Y el gran reto es conocer el territorio. “Necesitamos conocer el territorio para generar acciones de mitigación. El Chaco Central es estrictamente producción agropecuaria, que es uno de los puntos principales de emisión”, resalta. “Como Municipio partimos del conocimiento y organización del territorio para poder plantear una mejor estrategia de lucha contra el cambio climático”, añade.

El sabe que cualquier plan ante el cambio climático tiene que considerar a las poblaciones originarias, por su experiencia ante las adversidades de la naturaleza. “Ellos son los que más están afectados por los medios de vida porque básicamente dependen de la naturaleza. Por ello es importante su participación en todos los planes que tengamos. Más aún en esta etapa de socialización de nuestro plan de adaptación al cambio climático”, resalta.

López, quien estuvo en la COP25 invitado por EUROCLIMA+, invita a todos los gobiernos locales y regionales a participar en planes de adaptación y mitigación al cambio climático de la mano con los pueblos indígenas. Y considera que el caso del Chaco paraguayo puede replicarse en otras regiones de América Latina.

Lee el artículo original aquí. 

Sobre EUROCLIMA+ 

EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el gobierno federal de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), así como de los gobiernos de Francia y España, para promover el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en 18 países de América Latina, en particular para el beneficio de las poblaciones más vulnerables. El Programa se implementa bajo el trabajo sinérgico de siete agencias: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Expertise France (EF), Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y ONU Medio Ambiente.

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Maite Cigarán: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.